Partido Obrero Revolucionario
El impasse en el que la pandemia ha sumergido a la producción y reproducción del capital -profundizando una bancarrota que ya había devastado la economía mundial- ha hecho saltar las bisagras de todo el régimen capitalista. En Chile, esta crisis se ha manifestado en el último tiempo en el aplazamiento de las elecciones de abril -para el 15 y 16 de mayo-, capítulo que agudiza el recorrido abierto por la rebelión popular de octubre, tras la cual quedó de manifiesto la fragilidad de las estructuras de poder y la imposibilidad de que sigan gobernando a la vieja usanza. Desde ese entonces, el proceso constituyente, junto a la represión de los luchadores sociales, han sido las cartas con las que la burguesía busca contener la movilización y limitar los reclamos más urgentes de las masas.
Los métodos para hacer frente a la crisis en pos de contener la lucha de los trabajadores, evitar una nueva rebelión popular y blindar al sector financiero, son motivos de confrontación entre la burguesía por sus consecuencias. El primer aspecto se demuestra cuando Provoste, Pdta. del Senado, exige medidas para paliar la crisis social, con la clara intención de evitar una nueva rebelión popular. En cuanto al segundo, queda reflejado cuando un sector de RN emplaza al gobierno a que entregue el IFE para evitar un tercer retiro de las AFP. Esta es la tónica.
En periodos de catástrofe como el que atravesamos, las elecciones burguesas constituyen un factor de crisis política, como lo demostró la votación en el plebiscito de octubre, preámbulo del siguiente calendario electoral. La participación de la izquierda que irrumpe tras la rebelión de octubre, en el parlamento, en concejalías, municipios y gobernaciones, puede llegar a ser un elemento de desestabilización para la derecha y una posible caja de resonancia si es que se trasladan los reclamos de la clase obrera. En consideración a que el régimen ha pretendido desviar la lucha y los reclamos de las masas al campo institucional, se desprende que el desarrollo del proceso constituyente, podría perfectamente desenvolver y ampliar el proceso revolucionario que atraviesa el país, debido a que los reclamos chocarán con el Estado nuevamente, por las trabas de la Convención.
Hoy por hoy, cuando –debido a la apertura económica, a la vuelta al trabajo no esencial y a la política del retorno a clases presenciales- el colapso hospitalario en el país alcanza límites históricos y los contagios superan a la primera ola pandémica; cuando la destrucción de la industria nacional, el quiebre de empresas, el cierre del comercio y la fuga de capitales ha provocado dos millones de cesantes y suspendidos; cuando la inflación genera una carestía insoportable para las familias trabajadoras; cuando la crisis habitacional, el aumento de las tomas de terrenos y la insalubridad por falta de servicios básicos pronuncian la crisis sanitaria; y cuando la pobreza y la miseria se agigantan, el aplazamiento electoral, inserto en este marco, sin atender la terrible situación por la que atraviesa la clase obrera, constituye otro atentado contra ésta. En esta situación, que se vuelve insostenible, los trabajadores tienen más que nunca la necesidad de ejercer su voto para incidir en el proceso político, en los tiempos constitucionales fijados, y, por tanto, de acelerar el curso revolucionario –en un marco de crecimiento y fortalecimiento de la izquierda.
Por su parte, el gobierno de un Piñera cada vez más aislado, apuesta a que un pacto político que difiera las elecciones le permita consolidar el “marco de unidad” que pregona y que necesita para fortalecer la institucionalidad en crisis, resguardar al capital financiero, darle urgencia a todos sus proyectos anti-obreros, y continuar atentando contra las libertades democráticas, reprimiendo y amedrentando a los militantes, activistas y candidatos independientes –todo esto antes de que comience la Convención. La dilatación en el tiempo, factor invaluable en la política, es pánico al pronunciamiento político popular; el descontento marcado por el profundo rechazo a Piñera y a la institucionalidad vigente, es un claro síntoma de la radicalización política de las masas. De todas formas, ya había un precedente: el gobierno dilató el plebiscito para intentar controlar políticamente la agenda de la Convención después –mediante el amarre de los mecanismos pactados por los partidos.
Estas elecciones se distinguen de las anteriores por la violencia de la crisis donde está inmersa, por los miles de muertos por el covid-19, la avanzada represiva y las tasas de desocupación. Aunque, no plantean una salida a la crisis política, sí la profundizan. Piñera, representante de la burguesía, se encuentra en la misma contradicción que el capitalismo: mantener la economía abierta en detrimento de la preservación de la vida de los trabajadores. Necesita hacer caer sobre los hombros de los trabajadores la crisis, esta vez, maniobrando para dilatar las elecciones. En este contexto, hacemos un llamamiento a las listas independientes de la iglesia, el Estado y las patronales, a las listas de la izquierda revolucionaria y todos los sectores en lucha, a levantar un programa de transición, o sea un programa de acción que movilice masivamente, por las reivindicaciones económicas, sanitarias y políticas para darle salida a este régimen agotado. Asimismo, reivindicamos el método de la Huelga General, y la vigencia de luchar por una Asamblea Constituyente libre y soberana -y por un gobierno de trabajadores.
Rechacemos el plan de emergencia del gobierno; que la crisis la paguen los capitalistas. Por la defensa de nuestras vidas, salarios y puestos de trabajo. Por una cuarentena con cargo a los capitalistas y al estado. Por sindicatos, Comités de Emergencia en los centros de trabajo, y por un Congreso de Trabajadores que luche por el cierre de los lugares no esenciales, con pago integro de salarios, y por la prohibición de los despidos. Distribución de horas entre ocupados y desocupados, con salario igual a la canasta familiar. Fin a los recortes de salario y a las suspensiones. Rotación diaria y semanal de los trabajadores esenciales, sin afectar salario. Reforzamiento del personal de salud, con jornadas de seis horas. No a las clases presenciales en ningún nivel; asegurar los elementos necesarios para la conectividad y virtualidad. Desconocimiento de patentes, revelación de las fórmulas y declaración de la vacuna como bien público para inoculación masiva de toda la población. Salarios, jubilaciones y planes de asistencia social igual a la canasta familiar. Fin a las AFP; por un sistema de previsión estatal, con aportes patronales, bajo control de los trabajadores y jubilados. Inmediato aumento presupuestario para salud, educación y vivienda; fin al presupuesto para represión, y desmantelamiento de las fuerzas represivas. No al pago de la deuda pública (interna y externa) al capital financiero. Nacionalización, sin indemnización, de la gran industria y la banca, bajo control obrero.
Fuera Piñera
Huelga General
Asamblea Constituyente libre y soberana
Por un gobierno obrero y socialista