Escribe Cata Flexer
Alberto Fernández y su ministro de economía han tenido que salir a desmentir lo que ellos mismos firmaron con el FMI una nueva reforma jubilatoria.
Mienten.
En consonancia con los planes oficiales, Andrés Rodríguez, burócrata de UPCN y número tres de la CGT, acaba de declarar que “no le parece una mala idea” la extensión de la edad jubilatoria. El presidente, a su vez, anunció en la asamblea legislativa que se abriría la “opción” de trabajar, “voluntariamente” hasta los 70 años a cambio, supuestamente, de mayores beneficios cuando el trabajador finalmente se retire. Olvidó decir que esta posibilidad ya está vigente, a partir de la nefasta reforma macrista de 2017. El famoso memorandum que aprobarán todos los bloques del congreso lo dice de forma explícita: “se busca prolongar la vida laboral voluntariamente”.
¿Se trata realmente de una alternativa voluntaria y con mayores beneficios? Para jubilarse, el trabajador necesita no sólo llegar a los 60 o 65, respectivamente, para mujeres y hombres, sino tener treinta años de aportes. Hoy son mayoría quienes al llegar a los 60 o 65, no tienen los aportes necesarios. Actualmente el 55% de los jubilados sólo pudieron acceder mediante moratorias por lo que cobran el 80% del haber que le correspondería, sin embargo, las leyes de moratoria vigentes restringen los años que pueden recuperarse con este método. Los aportes de los años 1955 a 1993 para los hombres y 1955 a 2003 para las mujeres, no sólo han quedado desactualizadas (entre 2022 y 1993 hay 29 años, por lo que un hombre actualmente sólo puede pagar con la moratoria un sólo año) sino que ignoran que son justamente los años no considerados los de mayor desocupación y trabajo en negro de nuestro país. En los próximos años ni con moratoria podrán jubilarse cientos de miles de trabajadores. Jubilarse a los 70 no es ya una opción, es la única alternativa.
Se calcula que al retirarse, el trabajador pasa a cobrar una jubilación que es apenas el 38% de lo que era su salario. El 80% de las jubilaciones no supera las dos jubilaciones mínimas, es decir, $65.260, cuando la canasta básica calculada por el INDEC es $78.624, sin contar gastos de medicamentos. La jubilación mínima está incluso por debajo de la línea de indigencia – $34.333. Dado que a mayor cantidad de años aportados mayor es el haber, para el trabajador pasa a ser una necesidad, no una opción, jubilarse más tarde.
El mantra de los “reformistas” oficialistas y opositores viene siendo, hace años, el ataque a los regímenes especiales, a los que llaman “de privilegio”. El presidente salió a desmarcarse diciendo que sólo se ajustaría a jueces y diplomáticos. Éstos, aunque verdaderos privilegiados, con haberes de trescientos o cuatrocientos mil pesos (al igual que legisladores, presidente, vice y otros cargos con jubilaciones aún más obscenas, como las dos jubilaciones de CFK – que no está en revisión), representarían un “ahorro” absolutamente insignificante, del orden del 0,08%. De ahí la insistencia mediática en los regímenes especiales que, dicen, serían “inequitativos” para el resto de los jubilados, además de desfinanciar el ANSES. Lo que se esconde detrás de estos ataques, preparatorios del ajuste, es que son estas jubilaciones, producto de años de conquistas de distintos gremios, como los docentes o los petroleros, las únicas que mantienen alguna relación con los salarios reales del trabajador activo, frente a la miseria de las jubilaciones del régimen general. Quienes las atacan, no sólo desconocen que estos trabajadores aportan un porcentaje mayor de sus ingresos, sino que esconden detrás de su reclamo de “equidad” la intención de reducir al conjunto de los jubilados a un haber miserable, sin ninguna relación con el salario real y los aportes realizados: un subsidio a la vejez.
El aumento “optativo” de la edad, la no renovación de las moratorias, la amenaza sobre las jubilaciones de regímenes especiales, apuntan de conjunto a reducir el “gasto” que representa el sistema jubilatorio. Unos y otros coinciden en que el sistema es “insostenible” dado el aumento en la expectativa de vida, por un lado, y la proporción cada vez menor de trabajadores que aportan al sistema. Lo primero, sin dejar de ser cierto, oculta que así como se extendió la expectativa de vida, en las últimas décadas también se ha multiplicado la productividad del trabajo. Las patronales obtienen cada vez más rendimientos gracias a los avances de la tecnología artificial. Lo segundo, es responsabilidad de los mismos que pretenden seguir reforzando el sistema. Actualmente los trabajadores activos aportan el 11% de su salario neto, y otro tanto la patronal, porcentaje que se redujo con la reforma menemista de 1994, momento hasta el cual los aportes patronales eran del 30%; ninguno de los gobiernos posteriores volvió atrás. El 40% de los trabajadores está en negro, 7,3 millones de trabajadores a los que se les niega el derecho a jubilarse. De quienes aportan, dos millones lo hacen como monotributistas, el 20%, por lo que hacen su aporte personal, pero no tienen aportes patronales. El estado es el primero en encubrir relaciones laborales con contratos de monotributo, en todos sus ministerios. Finalmente, es el propio Estado el que utiliza la exención en el pago de las cargas sociales como una herramienta de subsidio a las empresas.
¿Quién desfinancia el sistema jubilatorio?