Un informe del Bank of America ha resultado revelador respecto a los movimientos (y orígenes) del núcleo duro del capital financiero en Brasil. Para que se vea la dimensión de la cuestión, el financista porteño Guillermo Laborda no duda en afirmar que, en términos de Fondos de Inversión, «Brasil está en el centro de la escena mundial (…) Argentina, por ejemplo, juega en otra liga. Contabilizando a todos los instrumentos argentinos captaron en total, en todo el 2025,u$s 100 millones, mientras que un solo vehículo, el de iShares que refleja el índice Bovespa, administra u$s 9.055 millones». El informe los describe como vehículos «estáticos», «en los que el inversor que llegó (con los gobiernos anteriores, agregamos nosotros) se queda quieto adentro».
Sobre la rentabilidad de los mismos, el informe es una invitación a invertir. En el año, los FCI brasileños subieron un 36% en dólares, aunque «en los últimos meses los flujos hacia emergentes con peso tecnológico como Corea o Taiwán, impulsados por la Inteligencia Artificial, desviaron capital de la región (…) Pero la primera vuelta en Brasil cambió el tablero» y señala luego los recortes prometidos por el clan Bolsonaro en los que se abroquelaría la suba. “Se ahorarrá recortando en salarios del sector público y eliminando una regla que ata beneficios y jubilaciones a los aumentos del salario mínimo”.
Decíamos que lo dicho era clarificador en el sentido de explicar el viraje del mercado (bien) sorprendido por la victoria de Bolsonaro. Pero también demuestra la forma en que el Brasil del PT funciona hace décadas como un paraíso financiero y no solo por las emisiones de deuda del Estado sino fundamentalmente por las grandes corporaciones. Bien observado, el fenómeno político replica a la Argentina, donde entre Lavagna, Kicillof y Guzmán ingresaron al mercado de bonos soberanos a los grandes FCI entre los cuales emergió la camarilla financiera de Marra y Milei. Alberto Fernández hizo aprobar por el congreso el famoso memorándum con el FMI que ubicó a los FCI (dixit) como «agentes prioritarios de la economía argentina». El esquema es el mismo. En Brasil, la deuda global representa el 80% de su PBI, a partir del cual se gesta una especulación infinita representada en bonos a diferentes cotizaciones que sostienen el capital de empresas bonistas y fondos comunes.
El pico evolutivo de los FC data del año 2016, en la transición entre el gobierno de Dilma y el golpe de Temer. Sucedió en ese momento lo mismo que esta semana: el ascenso de inversiones en la bolsa en herramientas previamente existentes, creadas, en ese caso, por el PT. Sostener las renovaciones de bonos de deuda le costó al gobierno de Lula una inflación ascendente que desencadenó movilizaciones históricas en todos los estados del país. Para el 2017, los FCI evolucionaron hasta representar la mitad del PBI brasileño (!).
Los principales instrumentos de inversión privada (eso es finalmente un fondo de inversión) corresponden a los denominados FII (fondos inmobiliarios), de alguna forma, una de las palancas económicas del gobierno petista desde su inicio. Se trata de fondos que atan su cotización no a las propiedades físicas sino a los contratos de alquiler tanto de gran volumen (parques industriales, shoppings, galpones) como individuales. Los generadores de estos bonos son en muchos casos los mismos bancos a los que se les legalizó el acceso a cotizar contratos de alquiler individuales o los intereses de créditos hipotecarios otorgados con fondos del Estado. La “privatización de la economía”, como se ve, no es un fenómeno meramente de los gobiernos “neoliberales”.
Los efectos de la concentración inmobiliaria en Brasil son claros. De acuerdo al Instituto Brasileño de Geografía, el 35% de la población brasileña alquila su hogar, incluso en condiciones de infraestructura inhumana como el escaso acceso al agua potable. El drama político que esto representa para el PT es exponencial si se recuerda que una de sus banderas fue la levantada por el MST (Movimiento Sin Tierra) que planteaba el reparto de las tierras de los grandes terratenientes. De acuerdo al mismo IBGE (hoy con autoridades lulistas), para el año 2003 (asunción de Lula) el 1% de los propietarios rurales concentraba el 45% de la tierra mientras que hoy, al 2026, el 1% concentra el 48% del total. La policía brasileña efectúa, por su parte, más de 80 mil desalojos de viviendas ocupadas por año contra, por ejemplo, 25 mil en España (hoy noticia por los efectos de esta política).
La proliferación del latifundio vetó el desarrollo tecnológico del campo brasileño aunque lo transformó en el principal productor mundial de soja (42% del mercado global) a base de sostener condiciones laborales heredadas del esclavismo. Allí se sustentan, de hecho, los FIAGRO, la estrella financiera del momento. Son los fondos de inversión del campo, atados a los intereses de los préstamos que toman los terratenientes para sostener la cosecha y, fundamentalmente, exportarla. Su ascenso responde al avance de la sojización sobre el Amazonas inaugurada masivamente por el primer bolsonarismo y sostenida férreamente por el último gobierno de Lula.
Finalmente, los medios financieros de Brasil coinciden en general con el apoyo de la gran burguesía financiera a Bolsonaro aunque (dixit.) «en caso de una victoria de Lula, como era esperado hace dos semanas, se mantendría el nivel de inversiones». Le sobran razones a la burguesía/oligarquía para poner huevos en las dos canastas.
Las movilizaciones contra el fascismo que se han producido estas dos semanas en Brasil son contenidas dentro del marco de la estructura de aparato de un gobierno que ha llevado a la oligarquía a su punto de máxima concentración, el PT. Los sindicatos, en general, van a la rastra del lulismo. Romper esa estructura es elemental para derrotar el avance del fascismo esclavista, supremacista y militar. Es necesario expropiar a los latifundistas sojeros y no abroquelarse detrás de ellos.
Maxi Laplagne