Escribe Cata Flexer
Un año de aumentos por decreto por la suspensión de la movilidad jubilatoria entre marzo de 2020 y 2021 trajo un retroceso de entre un 7 y un 17% en los magros ingresos de los jubilados. La nueva fórmula puso un ancla en los aumentos, que no pueden ni superar la inflación ni el porcentaje de aumento en la recaudación, esta última condenada por el trabajo en negro da la mitad de la población, incluídos muchos empleados del propio Estado vía monotributo (sobre estos temas escribimos acá y acá). EL primer aumento con la nueva ley, del 8%, ya se encuentra 4% por debajo de la inflación de los meses que cubre.
Al constante retroceso de las jubilaciones (recordemos que el mínimo, con el último aumento, llega a apenas $20560, cuando la canasta del adulto mayor que en octubre de 2020 rondaba los $50.000), se suma la constatación de que cada vez menos trabajadores van a poder jubilarse cuando lleguen a la edad jubilatoria.
Para acceder a una jubilación, un trabajador debe tener no sólo 60 o 65 años (dependiendo de si es hombre o mujer) sino que debe contar con 30 años de aportes. El haber dependerá del monto de su salario en los últimos diez años, pero también de la cantidad de años de aportes. Con tres décadas de aumento constante de la desocupación y trabajo en negro, son muchísimos los trabajadores que no tienen esos años de aportes. Hay dos leyes que actualmente permiten que quienes no tienen todos los años de aportes se puedan jubilar, con el régimen de moratoria. Con este sistema, al llegar a la edad correspondiente, ese trabajador puede pagar los aportes que faltan en hasta sesenta cuotas, que se les descuentan de la jubilación. Ese jubilado no cobrará la mínima, sino una jubilación menor mientras paga la moratoria, a pesar de que ésta sea subsidiada por el Estado. Es decir que el Estado subsidia de sus arcas y del bolsillo de los trabajadores pasivos el negreo de trabajadores por parte de las patronales (y no, como dice el periodismo de derecha, a jubilados “sin aportes”).
Estas moratorias, sin embargo, sirven para cubrir aportes de 1955 a 1993, para los hombres, y de 1955 a 2003 para las mujeres. Es decir que, sobre todo para los hombres, no se pueden pagar con motaroria los años en los que más probablemente no se tuvieron aportes ya sea por estar desocupado o por trabajar en negro. Si un ferroviario trabajó en blanco hasta el desmantelamiento de los ferrocarriles en 1993, y de ahí en más fue changuero, los años que le falten no los puede compensar por moratoria y no se podrá jubilar. Este sistema tiene, además, fecha de vencimiento, Julio de 2022. Como consecuencia, el 96% de las mujeres no podrán jubilarse. Tampoco el 70% de los hombres.
La pauperización constante de los trabajadores jubilados (o en edad de jubilarse) debe ser un debate del conjunto de la población y no sólo una preocupación de “los viejos”, es la consecuencia de la precarización laboral y el trabajo en negro, sobre la que se sostuvo la recuperación de 2003 en adelante y nunca remitió. Por el 82% movil, la indexación mensual por inflación y una jubilación minima igual a la canasta del adulto mayor, contra el trabajo en negro y todas las formas de evación de las patronales.