Bolivia | Golpistas a la cárcel

Escribe Jorge Altamira, Política Obrera

Por orden de la Fiscalía fueron detenidos la ex presidenta golpista Jeanine Áñez y varios de sus ex ministros. La medida, claramente democrática, no fue impulsada, sin embargo, por el MAS o por Evo Morales, sino que es la derivación de una denuncia judicial de una ex diputada masista de diciembre pasado. Los encarcelados son culpables, asimismo, de las masacres de Senkata y Sacaba, donde el ejército mató a once personas e hirió a un número indeterminado de otras. No es lo mismo la apertura de una acción penal de una legisladora con mandato cumplido, que la que debió haber iniciado el propio MAS y el gobierno de Arce. En este último caso habría asumido una responsabilidad política, lo que significa un juicio de responsabilidad política ante la Asamblea Nacional, y la apertura de un proceso de caducidades de todo lo realizado por el gobierno fascistoide. Hay algo importante que no debe ser subestimado de ninguna manera en esta acción penal, y es el contraste con la impunidad que sigue disfrutando Trump luego del asalto golpista al Capitolio el pasado 6 de enero.

Los cargatintas mediáticos, espantados ante lo ocurrido, insisten en que no hubo un golpe de Estado sino un abandono del gobierno por parte de Evo Morales, cuando él y su vice presentaron la renuncia. Es el relato de los que aseguran que ni el hondureño Zelaya, el paraguayo Lugo y la brasileña Roussef fueron derribados por golpes de estado disfrazados por acciones judiciales o parlamentarias. En Bolivia, el comandante del ejército, Williams Kaliman, le exigió la renuncia a Morales, con el fascista cruceño en la casa de gobierno, e impuso a Áñez en la presidencia, cuando solamente había reunido el 4% de los votos para ingresar al Congreso. La Asamblea nunca aceptó el recambio por medio de un voto; sí lo hizo de hecho. Con una mayoría superior a los dos tercios, el MAS resignó la Presidencia sin dar pelea. Como es sabido, Evo fue sacado de Bolivia gracias a un operativo que combinaron Alberto Fernández y el mexicano Andrés López Obrador. Como lo documentamos en Política Obrera a finales de 2019, el golpe fue planificado por el mencionado Camacho y el canciller de Bolsonaro – Araujo.

Los límites políticos de una acción penal iniciada por una ex diputada son manifiestos, en especial cuando en las recientes elecciones regionales, el MAS sufrió fuertes derrotas en Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra – con un fuerte retroceso en la votación que obtuvo Luis Arce en las presidenciales recientes. El nuevo gobierno no se ha distinguido de los de la región en una gestión capitalista de la pandemia, que está cobrando numerosas vidas en Bolivia. Como ocurre en Argentina con la soja y el maíz, Arce le puso un santo al precio internacional del petróleo, que ya alcanzó los 70 dólares por barril – además del alto precio de la soja cruceña.

Aunque La Nación de este domingo habla de una “marea roja” en América Latina con motivo de la eximición penal contra Lula, que se encuentra en apelación, debemos decir que la expresión es abusiva si se refiere al PT de Brasil, al kirchnerismo, al MAS o al ecuatoriano Correa. Las gestiones políticas de estas corrientes van pendiente abajo, como lo prueba por caso, el pasaje de Néstor Kirchner a Cristina Fernández y de ésta a Alberto F. Lo mismo vale entre Lula y Dilma, o entre Correa y Moreno, esta suerte de Scioli del correísmo. La gestión capitalista de la pandemia ha provocado un derrumbe social sin precedentes, seguido de desequilibrios y crisis políticas en ascenso. En lugar de un retorno al pasado se desarrolla un cuadro de guerra civil. Los giros políticos que se observan en todos los países apuntan a contener la disgregación de los regímenes políticos y esa perspectiva en ciernes. Son numerosos los observadores que atribuyen la misma intencionalidad política al norteamericano Biden, que es como explican sus planes de gastos sociales, la aceleración de la vacunación masiva y el apoyo explícito a la sindicalización de los trabajadores de Amazon – luego de cuarenta años de desindicalización.

La reacción de la derecha al encarcelamiento de Áñez y algunos de sus secuaces, no demorará por supuesto. Los explotados del Altiplano están advertidos de ello.

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