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La disminución de recursos para inspección y operaciones en la lucha contra el trabajo esclavo pone en peligro un importante instrumento de protección y garantía de derechos y seguridad en el trabajo para millones de trabajadores y trabajadoras. Inspeccionar, evaluar y rescatar trabajadores en condiciones de trabajo forzoso u horario de trabajo exhaustivo, condiciones de trabajo degradantes, o incluso restringiendo su movilidad, debido a la deuda contratado con el empleador, según establece el artículo 149 Código Penal, se encuentran entre las atribuciones de auditores.

El servicio de inspección ha sido objeto de ataques desde el golpe que derrocó a la presidenta Dilma Rousseff en 2016. El recorte de recursos es el principal factor de implosión de inspección que, solo este año, perdió alrededor del 60% del presupuesto. En 2016, el total de recursos totalizaron en R $ 66,4 millones, en 2019 fue de R $ 39 millones y en 2020 bajó a R $ 24,6 millones. Por el próximo año, se espera una ligera caída de R $ 24,1 millones Según el Portal de Inspección del Trabajo del Gobierno Federal, en 2018, un total de 1752 los trabajadores fueron rescatados de las condiciones laborales análogo a la esclavitud. En 2020, solo 15 operaciones, con 57 inspecciones hasta el momento y 231 trabajadores rescatados.

Los recortes afectan la inversión en equipos y tecnologías necesarias para llevar a cabo las acciones de inspección, como dispositivos electrónicos, automóviles, computadoras e incluso drones, que ayudan a la investigación de los lugares donde viven los trabajadores en condiciones degradantes. Según el presidente de la Unión Nacional de Auditores Tributarios (Sinait), Carlos Silva, “La inspección del trabajo, como cualquier otro servicio público, necesita de partidas presupuestarias, personal, estructura institucional para mantenerse ”. Según Carlos, los recortes traerán una reducción en el número de acciones, actuaciones y trabajadores rescatados en condiciones de trabajo esclavo y el resultado final será el mantenimiento de trabajadores explotados en situaciones de irregularidad. El Secretario de Salud de la CUT, Madalena Margarida Silva, dice que el gobierno de Jair Bolsonaro no tiene interés en mantener las inspecciones y combatir el trabajo esclavo y que esto es parte de un proyecto de gobierno que no protege a los trabajadores, sino a la élite económica.

Las reformas fueron iniciadas en el gobierno del golpe de Estado contra Michel Temer, en 2017, desmantelado y desregulado relaciones laborales. Para el presidente del Sinait, hay una conexión entre ataques a la inspección del trabajo y acciones como la reforma laboral, las recientes medidas leyes provisionales y de otro tipo, como la subcontratación y extinción del Ministerio de Trabajo. El objetivo es beneficiar a los emprendedores, facilitando la sobreexplotación de los trabajadores.

Además de los recortes presupuestarios, existen otros medios debilitamiento de la inspección del trabajo, uno de ellos es el Norma Reglamentaria No. 3 que trae dificultades a autoridades técnicas y fiscales para realizar correctamente la inspección, ya que la matriz de riesgos no aclara el cómo los profesionales deben hacer el diagnóstico de infracción.

Para el investigador de salud, trabajo y seguridad social de UNB y asesor de la Federación de Trabajadores de la Rama Química de la CUT en el estado de São Paulo (Fetquim-SP), Remígio Todeschini, el auditor necesita malabares mentales para clasificar situaciones de riesgo en casos probables, posibles, remotos y raros de accidentes y enfermedades ocurren en el lugar de trabajo ”, en otras palabras, con esta clasificación, el auditor se encuentra en dificultades para utilizar el instrumento de embargo y interdicción según los principios constitucionales proteger la vida de los trabajadores. También existe el artículo 31 del MP 927, que pretendía transformar el desempeño de los inspectores en un asesor, limitando la autonomía para la ejecución de infracciones. Según Carlos Silva, fue necesario recurrir al STF [Tribunal Federal Supremo] para que haya decisión de que no hay inspección que no pueda castigar una infracción. El líder enfatiza que es un una tontería aún mayor limitar el rendimiento a solo orientación según lo propuesto por MP 927 en ese momento que vivimos en una pandemia en la que la inspección debería aumentar.

El contingente de inspectores del trabajo en 2015 fue 2.546 servidores, y en 2020, el número es un 19,4% menor, hay 2.050 en todo Brasil. Según el representante de CUT, en algunos sectores como frigoríficos, el movimiento en unión con el Ministerio Público de Trabajo, ha podido monitorear el cumplimiento de las reglas parte de los emprendedores, pero el pequeño número de los auditores perjudican la inspección en general. Además de pocos, estos inspectores también están en riesgo en relación con Covid-19, ya que la administración pública no se preocupa por la seguridad de estos trabajadores, que no reciben equipo para protección individual como mascarillas, gel de alcohol, etc. Todo depende del auditor.

El desempleo masivo y las relaciones precarias de grupos de trabajo crean un ejército de reserva de trabajadores que  probablemente aceptarán las peores condiciones de trabajo para evitar el hambre. Es de esta manera que la burguesía resuelve el problema de su crisis económica y mantiene altas sus tasas de crecimiento beneficios. Representante exclusivo de los intereses de burguesía, Bolsonaro destruye todos los mecanismos de seguridad que los trabajadores han logrado durante sus luchas históricas. El trabajo en situaciones análoga a la esclavitud es una realidad en Brasil que , a pesar de estar prohibida, la tendencia, con el fin de la inspección, es que aumenta.

BOLETIM CLASSISTA Nº33