Escribe Cata Flexer
“La estadística no miente y devuelve una realidad contundente. La fotografía actual de los casos diarios de Covid-19 en la Argentina es similar a lo que ocurría en agosto del año pasado cuando la curva avanzaba hacia el pico de la pandemia meses después del primer brote en el área metropolitana. Hoy, a diferencia de 2020, la aceleración de la curva es más veloz y nadie puede determinar cuándo se detendrá. La circulación de nuevas cepas, más letales y transmisibles, en ciudades que ya recuperaron casi la totalidad de sus actividades y sin cuarentenas que limiten el movimiento de las personas sostienen la hipótesis de un escenario peor al que se esperaba con los meses más fríos del año por delante y un crecimiento del número de enfermos en simultáneo y en todo el país.” La Nación, 04/04
¿Será Brasil un pantallazo al futuro no tan lejano? El país vecino vive su segunda ola de coronavirus con imágenes apocalípticas. Las cepas surgidas en Manaos (pero no sólo) hacen estragos. Sólo en marzo, hubo 60.000 muertos declarados por COVID (habida cuenta de que el gobierno fomenta el sub-registro). Los cementerios no tienen más espacio. Si la primera ola había arrasado el país, que ya tiene 300.000 muertos, la segunda está batiendo todos los récords. Hay un 60% más de entierros que en 2020, es decir, muere un 60% más de gente que en tiempos normales (siendo que en marzo de 2020 la pandemia ya estaba haciendo estragos en Brasil). El negacionismo se ha convertido en política de estado, a pesar de lo cual por primera vez Bolsonaro se ha solidarizado con los familiares de los cientos de miles de muertos. La orientación ha sido clara desde un principio, cuando el ahora expulsado del gobierno ministro de relaciones exteriores Ernesto Araújo, sentenció que “no se frenaría la economía por unos cinco mil muertos”. Ya van sesenta veces ese número. El recambio de gabinete busca un mando militar que apoye una intervención militar (y paramilitar, pues dirige a quienes asesinaron a Marielle Franco) de los estados federales para evitar que los gobernadores realicen cierres y cuarentenas locales. Un indicio de guerra civil.
Pasemos a Argentina que ha entrado, sin lugar a dudas, en una segunda ola. Los contagios se han duplicado en apenas unas semanas. En la ciudad de Buenos Aires, se han roto los récords del mes de agosto, cuando fue el “pico” local. Circulan nuevas variantes del virus, en especial las variantes británica y de Manaos, ambas más virulentas y contagiosas.
La nueva ola se da en el marco de una “nueva normalidad” que no es otra cosa que el levantamiento de todas las restricciones a la actividad económica, con unas pocas pinceladas de medidas mínimamente restrictivas a la actividad social (por ejemplo, cuatro horas de cierre de 02 a 06). Gobierno y oposición insisten en que el cierre de escuelas y fábricas no está en la agenda y no es allí donde se contagia el virus, sino en actividades sociales. Una lógica reñida con la ciencia, ya que el virus no distingue si estamos amontonados en una actividad “social” o en el colectivo yendo a trabajar. La realidad desmiente a la ministra Vizzoti, un brote del virus entre los controladores del tren Mitre han dejado sin servicio a tres ramales ferroviarios.
Lejos del “priorizamos la salud antes que la economía” el gobierno se lanza, ahora si, a una política bolsonarista, en la que sin negar la existencia del virus responsabiliza a la población por “no cuidarse” habida cuenta de que los trabajadores no podemos elegir si ir a trabajar o no, siendo que el propio gobierno levantó incluso las dispensas para padres con hijos menores y de personal con comorbilidades. “La escuela no contagia” pero en el último mes, desde iniciadas las clases, se ha duplicado el número de niños y adolescentes contagiados, siendo esta la población en la que más han crecido los contagios.
La lenta campaña de vacunación es una expresión de la privatización del producto de los ingentes subsidios públicos o incluso de la investigación de los laboratorios estatales (como lo son la vacuna de Oxford o de Gamaleya) y una lucha por el acaparamiento de insumos, ayer de barbijos y respiradores, hoy de dosis para inmunizar a la población. La Unión Europea, los Estados Unidos y Canadá han acaparado el mercado e incluso naciones que han comprado vacunas para toda su población, como es el caso de Australia, no las reciben porque estos Estados han prohibido su exportación. China a su vez se ha convertido en un gran exportador, pero utiliza las vacunas para negociar sus intereses económicos; en el caso de Argentina, se niega a vender más vacunas si el país no acepta una serie de acuerdos, que a su vez el país no puede firmar extorsionado, también del otro lado, por los EE. UU., en plena negociación con el FMI. El país incluso ha fabricado el principio activo para varios millones de dosis, pero que fueron enviadas a México para ser envasadas, y de allí a los EE.UU. que ahora se niega a devolverlas a pesar de no haber aprobado el uso de esta fórmula, la de AstraZeneca, en su territorio.
Bien visto, sin embargo, la proclamación de una segunda ola es falaz. Los contagios de noviembre a febrero siguieron rondando los cinco o seis mil, mientras que las muertes se siguieron contando de a decenas por día. Sin embargo, el relativo retroceso sirvió para arremeter contra las condiciones de trabajo y de vida de la población, eliminando la magra ayuda económica a los desocupados, mientras se sigue subsidiando cuantiosamente al capital, al que se dió vía libre para eliminar cualquier “protocolo” que limitara la rentabilidad. La pandemia ha servido de excusa para el aumento de la pobreza que el gobierno planea reducir… reduciendo el salario real frente a la inflación.
Para enfrentar el aumento de los contagios la única estrategia es, ahora, cargar todo el peso sobre los trabajadores de la salud, a los que se les acaba de anunciar el quite de licencias y la vuelta a la polifuncionalidad, anulando la atención de otros problemas médicos y cirugías programadas, para “hacer lugar” a los nuevos contagios de covid.
La cuestión de la suspensión de las clases presenciales y el cierre de toda actividad no esenciales vuelve al centro de la escena. Esto implica un desbarajuste absoluto de la organización capitalista de la sociedad, basada en la ganancia capitalista y no en la producción para las necesidades reales de la población. Ese desbarajuste no sería sin embargo otra cosa que poner al conjunto de la producción del país al servicio de la salud, es decir, de los intereses de los trabajadores y el pueblo en su conjunto, y no de la burguesía. Implica centralizar el sistema científico y derribar las patentes privadas para avanzar en la producción de vacunas y medicamentos. Contratar personal de salud con salario igual a la canasta familiar. Cerrar las actividades no esenciales con el 100% del salario para los trabajadores. ¿Las empresas se funden? Que abran los libros de contabilidad. ¿La plata no alcanza? Que se deje de pagar la deuda externa y los intereses de las leliq. ¿La población está hacinada? Por un plan de construcción de viviendas populares que dé trabajo a los desocupados de los propios barrios, villas y asentamientos.
Habida cuenta de la política consensuada de capitalistas, gobierno y oposición, somos los trabajadores lo que deberemos imponer, con la huelga general, las medidas sanitarias, que al oponerse por el vértice al interés capitalista tienen, en su seno, un potencial revolucionario y plantean la necesidad de una reorganización social en manos de los trabajadores.
Con esta perspectiva, la campaña por una huelga general en defensa de la salud y de la vida, se hace imperiosa.