El récord de un dólar a trescientos cincuenta pesos, rechazan las consultoras, debería estar hoy en $385 si se es lineal con la política devaluatoria que lleva a cabo el gobierno desde enero de 2020 y con la emisión desatada de bonos atados a la inflación que ofrece el Banco Central.
Lo que importa. En un mes los salarios se han licuado en casi un cuarenta por ciento de su valor. Allí donde los sindicatos reclaman por paritarias acordes a la situación, el Ministro de trabajo Moroni ha declarado una guerra abierta y sin cuartel, por ejemplo, contra el Sindicato Único del Neumático de la República Argentina.
La política de crawling peg – «devaluación a paso lento» – se ha dado de lleno con los principios de la física y el lento ascenso cuantitativo ha significado un avance cualitativo. Hablar de una «devaluación lenta del 90%»* carece de sentido. El julio de los memes se ha transformado en un shock. Agosto iniciará con un crecimiento exponencial de los niveles de pobreza y desocupación.
La pequeña empresa se ha paralizado por completo quedando en evidencia la imposibilidad de la «independencia de inversión». Los distribuidores y las pequeñas y medianas productoras son parte del eslabón productivo general (cuando no) creaciones propias de los grandes monopolios para realizar su trabajo logístico. Sin embargo, la PYME tiene un único grado de «libertad», pues ella decide la cantidad de capital a invertir en la reproducción. En el día de hoy, han anulado su distribución corralones y proveedores de insumos electrónicos ante la expectativa de una corrida aún más anunciada del dólar. El gobierno le ha respondido con nuevas restricciones, como el límite cuantitativo y temporal de los CEDEAR o la inclusión del dólar cripto como parte del cupo de compra de dólar oficial. Es esperable una reacción de la pequeño burguesía en tiempo no tan prolongado. Hasta qué punto será el trabajador de la PYME el que se acerque a su empleador o el empleador a su empleado lo dirá el proceder de la crisis.
Pero el núcleo de la cuestión sigue centrándose en la city porteña. Desde la asunción de Batakis se ha profundizado de forma acelerada la política de Guzmán cuyo eje central fue un sistema de créditos ordenado de acuerdo a los movimientos de los fondos comunes de inversión, primero, del FMI y del Club de París, después. Incluso en medio de la mayor tensión cambiaria de la historia nacional, continúa la emisión y el diseño de créditos en bonos con vencimientos mes a mes cuyos únicos posibles tenedores son los grandes fondos como Templeton. Es una política consciente de amortización y degradación de la industria nacional en nombre del capital financiero.
El entramado mensual de LEDES y LETES (nombre que reciben los bonos para fondos de inversión) es el que ordena una «economía de flujo» en el que la tasa de interés internacional mueve los casilleros de la tasa de interés que el Banco Central presta a los acreedores para que estos no vacíen definitivamente las reservas. La cuestión es que con los dólares en movimiento sólo se aspira a cumplir con acuerdos financieros. Por ejemplo, el día de hoy se ha pensado en una política de desdoblamiento cambiario del agro con el objetivo declarado de llegar a Septiembre con U$S 4900 millones para afrontar una nueva cuota de pagos al FMI.
Sin embargo, el informe agrario del día indica que si en mayo la expectativa de recaudación a través del agro era de 53 mil millones de dólares, por los vaivenes de la guerra internacional, hoy se encuentra casi en 33 mil millones y en tendencia al descenso.
Desde el mismo día de la renuncia de Guzmán, insistimos en la raigambre política de la crisis económica y anunciamos que de la mano de las modificaciones del gabinete financiero se movían fichas políticas hacia reformas judiciales, electorales y hasta constitucionales. El régimen político comprende que un disgregamiento social puede gestar una ruptura profunda de las relaciones jurídicas del país sin liderazgos para capitanear una reestructuración del Estado Argentino. Desde esta semana Larreta se muestra con Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad a la vez que se agita en los medios de comunicación una nueva reforma judicial.
En Chile, en septiembre de 2019 el gobierno de Sebastián Piñera decía que su país era un oasis financiero para las inversiones internacionales. En noviembre, ya era oficial la realización de una asamblea constituyente. El problema para los trabajadores es con qué fuerzas llegar a la susodicha etapa.