Escribe Maxi Laplagne

La burguesía argentina debería agradecer con vehemencia que las grandes revoluciones de la historia conquistaron derechos históricos que anularon la pena de muerte porque, sino, el veinte de febrero todo el gabinete nacional, la burocracia de la CGT y los punteros del Ministerio de Salud hubiesen acabado en la horca. Aunque se intente restarle importancia al caso o por más que la salida del ministro funcione como un simple lavado de manos de una interna brutal entre los gobernantes que expresa hasta las tensiones internacionales alrededor de la vacuna (hoy, por ejemplo, la nueva ministra de salud acaba de firmar nuevos contratos con China) o, finalmente, aunque se intente rebajar la malversación de vacunas al rango de “otro caso de corrupción”, por el significado histórico de la crisis del coronavirus, la vacunación VIP no tiene parangón en la historia. Enfermeros, médicos y, sobre todo, auxiliares de la salud continúan muriendo en los hospitales mientras los funcionarios de turno son inmunizados. La producción que en las fábricas del país no ha cesado un segundo ha recaído en los hombros de obreros que serán los últimos de la lista en vacunarse, pero Moyano ya recibió la Sputnik V. Docentes, estudiantes y auxiliares a trabajar sin vacunas, pero Guzmán hace reuniones por zoom ya protegido del COVID. 

 Como nunca antes la Argentina ha quedado partida en dos clases sociales y ha quedado de manifiesto que en todos sus rincones el Estado representa, organiza y vacuna a los opresores. Los trabajadores, en cambio, organizamos la huelga general.