El gobierno prorroga el mandato de la burocracia sindical en todos los niveles

Escribe Juan Ferro, Política Obrera

La Secretaría de Trabajo ha dictado una nueva resolución, la número 133/2021, que da continuidad a la suspensión de los procesos electorales de los sindicatos, las asambleas y los congresos gremiales. La suspensión de elecciones gremiales se encuentra vigente desde el 18 de marzo de 2020 y continuará vigente hasta el 31 de agosto próximo.

La resolución cuenta con el apoyo de toda la burocracia de la CGT. La CTA Autónoma ha denunciado estas suspensiones, pero no ha dicho lo más importante – si sus sindicatos las van a convocar.

El gobierno otorga, con esta resolución, una prórroga de un año a unos 20 dirigentes nacionales, entre los que se cuentan Héctor Daer (Sanidad), Luis Barrionuevo (gastronómicos), Antonio Caló (UOM), Rodolfo Daer (Alimentación), Amadeo Genta (municipales porteños),Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Guillermo Pereyra (petroleros), Omar Maturano (La Fraternidad), Sonia Alesso (CTERA), Roberto Baradel (Suteba) y Víctor Santa María (encargados de edificio), Osvaldo Iadarola (FOETRA), Héctor Ponce (Asociación de Trabajadores Lecheros), Hugo Benítez (textiles),Raúl Durdos (SOMU), Carlos Bonjour (trabajadores de entidades deportivas y civiles) y Roberto Coria (Sindicato de Guincheros). Además, concede también a toda la cúpula de la CGT la extensión de su mandato hasta fines de agosto.

La suspensión de los procesos electorales incluye a los lugares de trabajo. El gobierno ha salido a proteger la menguante representación de la burocracia, que es desafiada por el activismo en las empresas principales.

El borrador de esta suspensión señalaba, entre otros, que “la realización de otros actos, así como la modalidad de su celebración, será analizada en la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, a petición de los interesados, en forma particular, de modo tal de compatibilizar las razones de salud pública que motivan la presente con el mantenimiento de la regularidad institucional, administrativa y contable de las entidades”. O sea que declaraba ilegales las asambleas que no contaban contaban con autorización del Estado.

Es necesaria una inmediata deliberación de las agrupaciones combativas para iniciar una campaña que derogue esta resolución netamente fascista. Se podrían sumar a ella numerosas burocracias intermedias o regionales e incluso por parte de aquellas que no cuestionan la tutela estatal de los sindicatos, a la que presentan como una protección y una conquista, pero que buscan mantener, en este cuadro, la democracia formal en las organizaciones obreras.

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