En medio de la turbulencia económica generalizada – que vuelve a la primera plana de la agenda política argentina-, el gabinete de gobierno se ha lanzado a una campaña (por ahora) retórica contra las seis millones de familias del país que se han manifestado de una u otra manera en estado de deuda. Los diarios lo acompañan mediante el diseño de la comunicación y hablan en términos despectivos de “los morosos”.
La cadena de ataques va en todos los niveles. Ya la diputada Lemoine había hablado acerca de la punición penal para deudores quejándose de que no exista “la pena de prisión para quien no pague la tarjeta de crédito”. Hoy mismo Sturzenegger habló de menospreciar los números de “los morosos” ya que “es gente que se endeudó para comprar televisores”. Agregó, además, que se trata de “gente grande que sabe bien a donde se metió”. Bullrich misma indicó que “se hará cargo del asunto” solicitando encabezar las comisiones de discusión. A nivel “macro”, el propio presidente habló de “morosos que no dejan crecer la economía”.
Se trata de gritos de ahogados. El endeudamiento generalizado (el más alto en la historia para la población no empresaria, o sea, la clase obrera) proviene fundamentalmente del uso de la tarjeta de crédito como sustento para comprar alimentos. A los intereses de las tarjetas por pagar el “mínimo” se le suman los intereses que ponen las billeteras virtuales para pagar por “transferencias”. La supuesta “inclusión financiera” de las fintech no es otra cosa que habilitar el endeudamiento con tarjeta para la compra de alimentos en cuotas. En el caso de deudas mucho más altas se cuentan miles de personas despedidas de sus trabajos que apostaron a comprar autos para trabajar de remiseros o motos para hacer deliveries en mercados que se han saturado dado que las propias empresas repletan el servicio con “flotas” de autos propios. Cuando aún no se ha cerrado la bola de nieve de los créditos UVA del macrismo (atados a la inflación) el gobierno ha lanzado supuestos créditos hipotecarios prestados con dinero de los fondos del Anses, impulsando un objetivo histórico de la burguesía argentina de transformar los aportes jubilatorios en capital de préstamos financieros.
Ningún partido ni bloque de la oposición tiene un planteamiento que satisfaga la situación. Al contrario, todos se basan en el refinanciamiento infinito de las deudas, sobre todo los gobernadores, cuyos bancos provinciales son prestamistas por excelencia. Los principales bancos estatales, el Banco Provincia, el Banco Nación y el Banco Ciudad ya lanzaron sus líneas de refinanciamiento para garantizarse el repago de las deudas hoy impagas, en especial para los propios trabajadores del Estado que cobran sus sueldos en estos bancos y cuyos créditos se descontarán directamente de sus sueldos. La expresión política de los bancos provinciales por el refinanciamiento de las deudas ya tiene su bloque presentado por “133 diputados”, contando a Massot, Mayans, De La Sotta, Ferraro y… Myriam Bregman. El objetivo, dicen, “es avanzar con un proyecto que no tenga costo fiscal”.
Nadie plantea que el problema del endeudamiento de la clase obrera se encuentra en el salario que no cubre las necesidades elementales, que un aumento a tres millones y medio de pesos mensuales del pondría fin a toda la mora de forma inmediata.
Maxi Laplagne