Escrache vs. justicia

Por Cata Flexer

Partamos de establecer una diferencia. Un escrache no es una denuncia. No busca que se establezca la veracidad de los hechos y si el acusado es culpable de éstos. En cambio la culpabilidad viene de antemano y la condena es previa a cualquier defensa, que está vedada.

Tenemos que ser capaces de distinguir una cosa (denuncia) de la otra (escrache). Cuando HIJOS escrachaba a los genocidas lo hacía sobre la base de una deliberación popular sobre los crímenes de la dictadura y la impunidad del estado. No estamos frente a lo mismo. Acá estamos frente a la difusión pública de hechos supuestamente ocurridos en relaciones  personales, muchas veces hace muchísimo tiempo, si se demuestra que la acusación es falsa, lo impune es la difamación. 

La “justicia” del escrache

La justicia por definición implica que quien es acusado de un delito tiene derecho a la defensa. En la sociedad feudal, el testimonio de determinados miembros de la sociedad tenía más peso que el de otros, y había fueros diferenciados para juzgar o los miembros de distintas clases-estamentos. La Revolución Francesa estableció (entre muchas otras cosas) la igualdad ante la ley, el derecho a la defensa y presunción de inocencia. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. La lógica del escrache es, por lo tanto pre-revolución francesa y reaccionaria. Desde que el escrache se hace público, el acusado es considerado culpable, rompiendo con la presunción de inocencia. El feminismo ha impuesto la ruptura con la igualdad ante la ley, porque espera que el testimonio de un grupo de personas (las mujeres) sea tenido por veraz y no así el de otro grupo de personas (los hombres). Es totalmente cierto que las mujeres hemos históricamente sido oprimidas, pero olvidan que esa opresión no es de parte de “los hombres” sino social (y los marxistas consideramos que esa opresión es por parte del capital, no del “patriarcado” o los hombres como un colectivo). Niegan, así, todas las otras formas de opresión que condicionan la vida social. A la hora del “hermana yo te creo” desaparecen las diferencias de clase, raciales (así fue que las feminsitas estadounidenses se callaron la boca cuando se usaban denuncias falsas de mujeres blancas contra hombres negros para habilitar el linchamiento público de los segundos) o de cualquier otro tipo. Se ha llegado a decir incluso que investigar la veracidad de los hechos denunciados implica una revictimización de la denunciante.

Estamos hablando de reemplazar la justicia por la condena por la sola acusación y el castigo directo e inapelable. Si el movimiento de mujeres adopta definitivamente estas formas, habrá adoptado las formas del fascismo: negación del otro como sujeto de derechos, de su derecho a defensa, de su derecho a la palabra y más allá se propone su condena al ostracismo social, cuando no se le niega derechos civiles, políticos y hasta el derecho al trabajo. 

Profundicemos sobre el problema de la “condena”. Bajo la premisa de que “el estado es patriarcal” todo un sector del movimiento de mujeres rechaza la denuncia ante el Estado. Algunos han llegado al desatino de decir que la denuncia al Estado sería punitivismo, pero no así el escrache público y la condena social. El punitivismo parte de la idea de que la violencia contra las mujeres debe ser castigada y que la mejor forma de luchar contra la violencia es justamente que los victimarios sean condenados tanto legal como socialmente. Punitivista es exigir que una persona pierda su trabajo por haber sido acusado de violencia contra las mujeres. Punitivista es pensar que la exclusión social del perpetrador de hechos de violencia va a traer el fin de los mismos y no, por el contrario, reproducir las condiciones que generan justamente actitudes violentas. La condena social no tiene fecha de caducidad, es una cárcel perpetua para el condenado en la que el carcelero espera que el preso no pueda entablar relaciones sociales, política y ni siquiera laborales. Punitivista no es exigir algún tipo de castigo, sino exigir como castigo la muerte social, en vez de apostar a la recuperación del individuo. Ni la justicia burguesa va tan lejos, ya que las condenas tienen límites temporales.

Pero volvamos a quienes sostienen que denunciar al estado no tiene sentido “porque es patriarcal”. La eficacia de la condena del escrache o de la sanción de distintas organizaciones sociales (sindicatos, partidos, etc) es nula para la víctima. Si por ejemplo una compañera denuncia a un violador y el partido o sindicato lo encuentra culpable (vamos a asumir para este ejemplo que efectivamente el denunciado es culpable), si no lo denuncian al estado están dejando a un violador libre. Si una compañera denuncia que la pareja la golpea (vale los mismo que para el ejemplo anterior) ¿de qué le sirve que lo expulsen del centro cultural montonto? Señalar los límites del Estado burgués debiera implicar desarrollar entonces una lucha consciente contra el Estado. ¿Acaso los organismos de derechos humanos y la izquierda hemos dejado de denunciar las crímenes de la dictadura y llevado a juicio a los genocidas? Lo hacemos mientras denunciamos que ese mismo Estado se sostiene en la represión y la impunidad, y por lo tanto (al menos desde la izquierda) tratamos de mostrar como se trata, justamente, de dar por tierra con esta organización social y gobernemos los trabajadores. Pero a Etchecolaz lo queremos en la cárcel.

La reivindicación del escrache, así como la de la denuncia ante organizaciones sociales y políticas pero no ante la justicia, es en realidad un abandono de la lucha contra el estado, en primera instancia, para que las compañeras puedan realizar sus denuncias libremente, estas sean investigadas y los responsables cumplan con las medidas disciplinarias correspondientes. Es el abandono de la lucha por la responsabilidad estatal en función de una autoorganización de la justicia en la que los acusados pierden su derecho a la defensa. 

Los sindicatos ante los escraches

¿Corresponde que el sindicato aborde denuncias que no han sido presentadas al mismo? Todos los protocolos de violencia de género que conocemos sólo contemplan denuncias realizadas directamente, no por terceros, y mucho menos publicadas en redes sociales. En otros tiempos ¿hubiera tomado como denuncia el sindicato un chisme de radiopasillo? Eso son las redes sociales. Sin embargo estas situaciones se han vuelto usuales. También los casos en los que se presentan denuncias que sin embargo las denunciantes se niegan a llevar a la justicia.

Así es que muchos sindicatos se han propuesto tomar denuncias contra sus afiliados y emitir condenas. El hecho de que sindicatos y agrupaciones emitan comunicados “dando cuenta” de que han recibido denuncias o sea anotician de un escrache, sólo colabora a que se siga exponiendo al compañero escrachado o denunciado, dándolo por culpable de los hechos expuestos en el escrache público. Muchos compañeros sostienen que “simplemente” el gremio investigue y mejor si el compañero es encontrado inocente ¿cómo esperan comunicar y defender su inocencia cuando han colaborado a difundir la acusación? Por otra parte, los sindicatos no tienen los medios para investigar sucesos de estas características, ni debe ser ese su rol.

El rol del sindicato no puede ser tribunal moral de sus afiliados, ni un disciplinador de los trabajadores. Menos aún cuando la denuncia no proviene de alguien que pertenezca a ese mismo ámbito. Sea cual sea la denuncia, que ya dijimos que no es tal sino un ataque hacia el compañero, el sindicato debe defenderlo. Tomemos por caso los casos de denuncias contra docentes de inicial, primaria y media. Incluso en estos niveles, donde las denuncias implican a menores, los sindicatos docentes defienden a los compañeros, incluso su lugar en las aulas hasta que se demuestren los hechos denunciados, y exigen preservar la identidad de los denunciados. Es decir, el sindicato es el abogado defensor del docente, no su juez. Veamos cómo, justamente, actúa el escrache, desde el momento que la propia organización gremial de la víctima del escrache en vez de defenderlo, busca investigarlo. 

Los sindicatos tienen la responsabilidad de luchar contra la violencia de género. Bien, pero en cuanto a la posibilidad de que sean nuestros propios compañeros los que reproducen actitudes violentas, buscamos intervenir a través de la educación, de la reflexión, de la misma forma que lo hacemos en todas nuestras luchas, de la misma forma que no excomulgamos a los trabajadores que rechazan los paros. Para luchar por nuestros derechos, luchamos por los jardines materno-parentales, por las licencias pagas, por las licencias por paternidad para que los hombres se hagan tan cargo de los hijos como las mujeres, y por las licencias por violencia de género. Vamos a los ENM. ¿Queremos hacer más? Organicemos talleres, cursos, difundamos folletos. Lo que de ninguna manera podemos hacer es ser un tribunal de moral, a riesgo de regimentar la vida social de los trabajadores.

Un nuevo arma de persecución al activismo

Sin quererlo, un sector del movimiento de mujeres ha entregado a la burocracia y la patronal un arma peligrosa contra la organización de los trabajadores. El hecho de que una denuncia o un escrache sea tomado por cierto sin más contra un trabajador se puede convertir fácilmente en una herramienta de persecución gremial y política. Los trabajadores que se ponen sobre sus hombros la tarea de organizar a sus compañeros se exponen ya a todo tipo de represalias, y al estar expuestos públicamente pueden ser blanco de cualquier provocación que utilice la violencia de las mujeres a modo de “carpetazo”, desnaturalizando la lucha que las mujeres y el conjunto de los trabajadores damos contra la opresión de la mujer. Así es muy fácil descabezar una comisión interna, un sindicato o una agrupación, con sólo tirar al aire que tal o cual miembro o dirigente de la misma “es un violento de género” sin que nadie se tome el trabajo de verificar tal cosa. La historia reciente nos muestra que lamentablemente no tenemos que ir muy lejos para ver los estragos que este tipo de situaciones han provocado no sólo en la vida de trabajadores individuales (y sus familias) sino en organizaciones políticas y gremiales enteras, a partir de simples publicaciones en redes sociales o acusaciones que nunca llegan a los tribunales y frente a las cuales al acusado nunca se le permite defenderse.

La lucha contra la violencia hacia las mujeres es esencial al socialismo. El grado de emancipación de la mujer, decían Marx y Engels en La Sagrada Familia, es la medida natural de la emancipación general. La violencia contra las mujeres forma parte del entramado de opresión capitalista. Apostamos a la conquista de la conciencia de los trabajadores para una lucha común contra toda opresión. Ganar al conjunto de los trabajadores, hombres y mujeres por igual a la lucha por la liberación de las mujeres debe darse en esos mismos términos, ganar sus conciencias, no expulsarlos para que sean rehenes de la opresión contra sus propias compañeras en otros ámbitos. ¿Con qué hombres esperamos construir una sociedad más igualitaria? ¿Creemos poder destruir el capital pero no cambiar la conciencia de nuestros propios compañeros para que abandonen toda forma de violencia contra la mujer? Ganar a los hombres (a los realmente existentes) y no expulsarlos es el único camino. Si las organizaciones obreras son ganadas al punitivismo, habremos retrocedido varios pasos en la lucha contra la violencia contra las mujeres y más aún, por una salida de conjunto a todas las miserias del capitalismo propia de los trabajadores.

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