Escuela para pobres

Escribe Cata Flexer

El 23/12 se dio a conocer un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, rechazando el amparo de una madre exigiendo vacante para su hija en el nivel inicial de una escuela pública porteña. Esta decisión del máximo tribunal de la Ciudad tiene un triple objetivo. En primer lugar, un señalamiento frente a las numerosos (y mayoritarios) fallos en favor del otorgamiento de vacantes en tribunales de primera instancia. En segundo lugar, en relación al propio nivel inicial al diferenciar entre la responsabilidad del Estado en la educación obligatoria y no obligatoria. Y en tercer lugar, y fundamentalmente, al tratar de sostener que queda en las familias “procurarse” una vacante y afrontar su costo, salvo que demuestre no poder hacerlo (ser pobre).

“La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine.” Esto dice la Constitución de la Ciudad (actualmente los niveles obligatorios son desde sala de cuatro hasta completar la educación secundaria). Sin embargo, el TSJ interpretó la norma a piacere y sostuvo que el Estado porteño “no tiene la obligación inmediata de proveer una vacante a todo aquel que la solicite con independencia de su condición social o de sus posibilidades de procurarse una vacante en el subsistema privado”. Es decir que en los niveles no obligatorios, no es responsabilidad del Estado la vacante, salvo que la familia demuestre que no puede pagar la educación privada. El fallo se sustenta en la Ley de Educación Nacional sancionada en 2006 por el kirchnerismo (en reemplazo de la fatídica Ley Federal de Educación, pero manteniendo todo su espíritu) que sostiene que el Estado debe “garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad” (Artículo 11, Inciso e) para el nivel inicial establece que se deberá “asegurar el acceso y la permanencia con igualdad de oportunidades, atendiendo especialmente a los sectores menos favorecidos de la población.” (Artículo 21, inciso c).

El fallo, debemos decir, pone blanco sobre negro lo que ya es una realidad no sólo en la Ciudad sino en todo el país: el Estado no garantiza vacantes para todos los niños, especialmente para el nivel inicial, empujando a cada vez más familias a enrolarse en escuelas privadas, muchas veces confesionales (que por estar subvencionadas son más baratas que las laicas). Lejos estamos sin embargo de poder decir que se dé prioridad a los sectores más vulnerados: el sur de la Ciudad es dónde más vacantes faltan. El desfinanciamiento de la escuela pública, desde la década de 1990 en particular, ha sido el motor para el desarrollo de la educación privada, en la que sin embargo en Estado desembolsa miles de millones en subvenciones que debieran ir a la construcción y mantenimiento de establecimientos para cubrir al conjunto de la población. Sólo la lucha tenaz de los trabajadores de la educación, que en ocasiones lograron encolumnar detrás suyo las familias, mostrando que se trataba de una causa del conjunto de la clase obrera, ha logrado que Argentina no sea como Brasil, Chile o Colombia, países donde la escuela pública ha quedado relegada a los sectores más excluidos de la población.

Por otra parte, la educación inicial es el sector menos cubierto en todo el país, con un 40% de escolarización en la Ciudad y un 35% a nivel nacional (pero con provincias con menos del 10%), pero mayormente cubierto por jardines privados, por lo que esa cobertura es mucho menor entre los hijos de los trabajadores, lo que su vez lleva a una mayor explotación de las madres trabajadoras, a éstas, los gobiernos de todo color les ofrecen inscribir a sus hijos en Centros de Primera Infancia, gestionados por “organizaciones sociales” (incluídas iglesias evangélicas, por ejemplo) sin personal docente, por lo que la segregación en el acceso a la educación comienza ya en la primera infancia.

Los jueves, a su vez, pretenden desligarse de la responsabilidad por la falta de vacantes al gobierno. El ejecutivo simplemente estaría “gestionando” los recursos determinados por la legislatura. Desconoce sin embargo no solamente que el macrismo tiene mayoría en esa legislatura, sino que es el mismo gobierno el que presenta el presupuesto para ser votado por los legisladores, que en el caso del presupuesto para 2021 reduce en un 80% los gastos en infraestructura escolar, a pesar de que la lucha contra la pandemia debiera haber puesto, para el área de educación, en primera línea la adecuación de los establecimientos y la construcción de nuevos, ante el hacinamiento en los existentes (en la zona sur los cursos tienen un promedio de 40 estudiantes), la falta de vacantes (10.000 por año en los últimos años), el cierre masivo es escuelas privadas (especialmente jardines) y el pasaje de estudiantes a las públicas por la imposibilidad de los padres de pagar las cuotas.

El acceso a la escuela pública y la verdadera masificación de la educación inicial, para el desarrollo de los niños y la liberación de las mujeres de las tareas de cuidado, deben ponerse en discusión tanto entre la docencia y las comunidades educativas, como en el conjunto de los sindicatos, para garantizar el derecho a la educación de los hijos de los trabajadores.

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