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La escasez de agua se ha transformado en uno de los principales factores políticos del siglo XXI. El periodismo especializado remarca que detrás del golpe de Estado en Bolivia lo que realmente subyace no es el interés por el litio sino por los valles y manantiales de agua potable. Una sequía generalizada en la ciudad de La Paz había gestado movilizaciones de masas contra Evo Morales en el 2016 en las cuales se denunciaba que los reservorios de agua eran utilizados por los sistema industriales de riego de los grandes productores. Hoy, Añez no defiende que los manantiales sean expropiados para el pueblo sino, al contrario, la profundización de la propiedad privada de los valles por los grandes terratenientes. 

Los ríos de Chile han sido literalmente subastados al mejor postor por el régimen pinochetista que hoy representa Piñera. Mientras tanto, Valparaíso ha sido declarada como ciudad en riesgo por los recurrentes incendios que genera la sequía. Los bidones  embotellados por empresas privadas cotizan a precio dólar. Al Oeste de la cordillera el gobierno de Mendoza pretende habilitar la minería a cielo abierto que pone en riesgo los manantiales naturales de H2O. En ambos casos, la lucha en defensa del agua ha gestado puebladas y revoluciones pues las masas lo comprenden como lo que es, una cuestión crucial para la supervivencia. 

En Argentina se calcula que el veinte por ciento de la población carece de acceso al agua dulce mientras que otro veinte consume agua perjudicada por algún mineral tóxico. Los manantiales estatizados por las provincias son servidos en bandeja a las mineras y mega empresas como Coca Cola que no se pueden apropiar de ellos por ley pero sí están habilitadas para su extracción con fines industriales. Por su parte, los acueductos sufren un deterioro de décadas que deja a ciudades enteras sin agua.

En pandemia, esta situación se vuelve un crimen contra el pueblo. En la semana que corre, en la localidad bonaerense de Berazategui, se ha paralizado el suministro durante cuarenta y ocho horas haciendo que en la misma cantidad de tiempo las muertes por coronavirus se tripliquen. Allí se supone que el agua es propiedad del Estado municipal. 

Privada como en Chile o administrada por el estado capitalista la propiedad privada del agua se ha convertido en una cuestión existencial que plantea la transformación radical de la sociedad. Un gobierno de trabajadores expropiaría los manantiales de agua dulce y planificaría su utilización para que el consumo agua no sea un negocio sino un derecho humano elemental.