La reforma judicial

En medio de una pandemia sin precedentes en la historia mundial, la iniciativa más enérgica del gobierno nacional ha pasado por reformar la estructura burocrática de los fueros penales de la justicia y, aunque dispuesto a discutir los nombres, los métodos y las formas, a los integrantes del consejo de la magistratura. Con el transcurso de los días incluso los jueces que se suponían encabezar el proyecto le han bajado el pulgar. Sin el mínimo orgullo propio, ahora Massa anuncia que quedará para más adelante.

El proyecto del gobierno no implica ninguna reforma estructural de la justicia al punto de que, a diferencia de la pretendida reforma en el año 2013, ni se intentó hablar de una “democratización”. En aquel entonces la señora Fernández de Kirchner pretendía reformar el método de la porción minoritaria del consejo de la magistratura para, entre líneas, habilitar una ley que bloquee los juicios que el Estado debe pagar a los jubilados, por un lado, y las deudas de las aseguradoras de riesgos de trabajo con miles de trabajadores. El solo intento de aplicar la ley generó una huelga de setenta y dos horas de los trabajadores judiciales que cajoneó el proyecto para siempre. 

Puede decirse que los alcances del actual proyecto son menos ambiciosos porque su objetivo último es reglamentar la impunidad de quienes gobernaron la Argentina en los últimos veinte años. El gobierno presenta un proyecto que pone a discusión cualquier posible reforma porque su objetivo es sellar junto a Mauricio Macri el fin de las causas por las que podrían terminar presos. Fin. 

Se trata no sólo de un proyecto de carácter reaccionario sino también de una agenda reaccionaria. Ninguna modificación burocrática de la justicia como lo es el simple hecho de unificar fueros penales reforma la orientación política de la justicia cuya naturaleza está pensada por el Estado para funcionar de árbrito entre intereses capitalistas en pugna, pero, sobre todo, entre capitalistas y trabajadores. El objetivo principal del poder judicial es reemplazar la acción directa de los trabajadores y oprimidos en general por la burocracia infinita dominada por la corrupción a dedo. Agregar o quitar fueros no devuelve la justicia a las miles de mujeres secuestradas por redes de trata a las que el Estado envuelve en papeleos infinitos para ocultar a los responsables del poder.

La justicia es en sí misma un negocio inmenso de juicios que cotizan en la bolsa según su desarrollo. El supuesto poder eterno de las leyes se reemplaza por las leyes del mercado que imponen los métodos y los tiempos con lo que se abordan los juicios. Por supuesto que detrás del mercado blanco rige también la oscuridad de las coimas y las servilletas. 

En estas condiciones, la elección popular de los jueces no modifica un ápice la naturaleza del poder judicial así como el sufragio universal del poder ejecutivo no se transforma en el poder del pueblo. Las elecciones continuarían siendo dominadas por los grandes pulpos capitalistas que dominan los medios de comunicación y difusión tergiversando la voluntad real de las masas. 

Ahora bien, el sistema de creación y aplicación de leyes debe ser puesto en debate sin lugar a dudas. Mientras el actual sistema judicial se supone al servicio y en defensa de los intereses individuales de los ciudadanos supeditados al bien común, lo que sucede en realidad es la eliminación de los derechos individuales absorbidos por los intereses del capital. En cambio, un sistema en que el derecho parta de la deliberación colectiva haría coincidir los intereses individuales con los intereses colectivos haciendo que, paradójicamente, los primeros dejen de existir. El derecho se transforma de esta manera en un sistema universal de libertades en el que el individuo y la sociedad coinciden. Sólo una clase de carácter universal, entonces, puede desarrollar esta tarea. Sólo el proletariado puede constituir un sistema de leyes imparcial.

Maximiliano Laplagne

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