Nueva reforma jubilatoria: más ajuste que con Macri (y es decir bastante)

Escribe Cata Flexer

La reforma de los sistemas jubilatorios es una constante en el mundo desde hace tres décadas. El fin de los sistemas tipo AFJP es una de las principales demandas del movimiento revolucionario en Chile, y lo mismo sucede en las recientes movilizaciones contra el golpe en Perú. En nuestro país, las jornadas de diciembre de 2017 fueron la reacción a la reforma macrista que en su momento trató de desacoplar los aumentos de los jubilados de la recaudación (en ese momento en aumento), y representaron un punto de inflexión para el gobierno de Macri, que al año siguiente no pudo imponer una reforma laboral.

Los economistas burgueses agitan, desde la tribuna, que las jubilaciones no son sostenibles, porque ha aumentado la expectativa de vida al tiempo que se reduce la tasa de natalidad. Ocultan, sin embargo, tres cosas: 1) el aumento de la productividad del trabajo que permitiría que todos trabajemos menos y mejoremos el nivel de vida de la población, bajo otro régimen socia, 2) el aumento constante del trabajo en negro, fomentado por el propio estado, bajo la tercerización y el monotributo, como sucede con los propios empleados del Estado, y 3) fueron las propias reformas neoliberales menemistas las que eliminaron buena parte de los aportes patronales que debían sostener el sistema, aportes que no fueron reimpuestos por los “nacionales y populares”.

A partir del menemismo y durante buena parte del kirchnerismo, la pirámide jubilatoria se fue achatando: se congelaron las jubilaciones de quienes cobraban haberes más altos producto de mayores aportes y sólo aumentaba la mínima, de manera que cada vez más trabajadores fueron cobrando el haber mínimo, son hoy el 65%, y cobran alrededor de un tercio el valor de la canasta básica del jubilado. Recién a partir de 2008 se reestableció actualización de las jubilaciones para todas las escalas.

Lo que hoy se discute es bajo qué índice (de dónde sale el porcentaje) se van a actualizar los haberes. Durante 2020 se suspendió la movilidad por ley y los aumentos fueron dados por decreto, lo que significó que el gobierno se ahorró 72.000 millones de pesos. Y ahora una nueva reforma. La nueva ley propone que los aumentos sean cada seis meses (por la ley actual son cada tres) y se calculen con el promedio entre el aumento de los salarios (RIPTE) o el aumento de la recaudación de la ANSES más un 3%, pero de estos dos, se elige el más bajo. El objetivo es que los pagos de las jubilaciones no superen nunca lo recaudado por la ANSES, para, como dicen los funcionarios, “que sea sostenible” (para el Estado, no para los jubilados, claro). La modificación más grande es eliminar de la ecuación la inflación, para “desanclar” las jubilaciones (lo mismo que quieren hacer con los salarios). Curiosamente, el macrismo había sacado de la ecuación la recaudación (en ese momento en alza) para meter la inflación (que venía bajando), ahora el kirchnerismo saca la inflación (que sube) para poner la recaudación (que baja). 

El oficialismo sostiene que es la misma fórmula que se usó hasta el 2017. Falso por dos razones: la escalada inflacionaria no es comparable a buena parte del período de vigencia de la ley previa, sumado a que los salarios hoy no crecen, y la ley actual pone un techo que la anterior no tenía. Antes se calculaba por el promedio de RIPTE y recaudación, ahora de éstos se elige el menor, lo que garantiza que siempre esté por debajo de la recaudación. Pero además de que que pone un ancla a las subas (y no un piso), es el propio gobierno el que se ocupa de desfinanciar a la ANSES. Por caso, actualmente rige como beneficio para las patronales el no pago de los aportes patronales como forma de subsidio estatal por la pandemia, pero el Tesoro no repone esos aportes que perdona a los empresarios.

La clarificación del contenido reaccionario de esta ley es nuestra principal herramienta para mostrar a los trabajadores el ajuste en curso. Como en el 2017, en base a esta claridad tenemos que movilizarnos masivamente contra la nueva reforma jubilatoria.

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