Escribe Cata Flexer
El clamor de oficialista y opositores, partidos y medios, contra la suspensión de las clases presenciales tiene poco de “educativo”. ¿Es necesario desarmar los discursos en defensa de la educación de quienes jamás se han preocupado por ella? No hay gobierno a la fecha que no haya puesto su cuota de reformas anti-educativas. Menem pasó la Ley Federal, los Kirchner la barnizaron y le dieron el nombre de Ley Nacional, pero sin re-nacionalizar nada. Las tendencias “pedagógicas” contemporáneas son compartidas por todos los bloques políticos: la eliminación de contenidos en pos de la enseñanza de “habilidades blandas” para el mundo digital. Si los pibes no saben hacer una cuenta no hay drama, si total ya se inventó la calculadora. El estado de los edificios escolares da cuenta de la importancia que tiene para todo el arco político la educación, de un lado y el otro de la General Paz. Los bajos salarios provocan rebeliones cíclicas que año a año recorren distintas provincias, a pesar de que la burocracia de la CTERA se ha ocupado de evitar la nacionalización de los conflictos.
Con tantas declaraciones de preocupación por la educación de niños y adolescentes, 2021 parece no ser el año del COVID sino de la pedagogía. La apertura de escuelas estaría garantizada por “estrictos protocolos”. Si realmente con protocolos alcanzaba, hay que llevar al patíbulo a quienes defendieron la suspensión de clases durante todo 2020. Pero la realidad se llevó puesta la ficción protocolar: la presencialidad cuidada no existe y es responsable de la cuadruplicación de casos en un mes. Tal es la preocupación por la pérdida de aprendizajes que el presupuesto para garantizar las clases ha sido… nulo. No hay aumento. No hay obras. Los colegios sin baños seguirán sin baño, los que no tienen ventanas seguirán sin ventanas. ¿Libros para los estudiantes? No. ¿Computadoras? No. ¿Becas? No. ¿Más docentes para atender las necesidades educativas de los estudiantes? NO.
Este grito tardía por la defensa de la escolaridad nada tiene que ver con una preocupación por la educación y la continuidad pedagógica. Los mismos que cacarean por que los estudiantes estén dentro de las escuelas, niegan las herramientas a estudiantes y docentes para continuar. 2020 fue muy instructivo en esto. La política oficial fue el abandono de los niños y adolescentes a su suerte y la educación virtual dependió pura y exclusivamente del trabajo a destajo de la docencia. Cuando la educación es virtual, la privatización de la conexión a internet privatiza la educación pública. Mientras dure la suspensión de clases debe liberarse la conexión a internet en todo el territorio. Que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires no esté moviendo un pelo para garantizar la virtualidad anticipa que agacharán la cabeza ante el larretismo apenas cumplidos los quince días de tregua (sino antes).
La defensa de la educación virtual, en este contexto, es la defensa de la salud, pero también de la educación de niños y adolescentes. Así como las políticas anti educativas (sostenidas por oficialistas y opositores en los acuerdos de Secundaria 2030, por ejemplo) pretenden reemplazar a los docentes por “facilitadores” y tecnología, nosotros decimos, la tecnología al servicio de la educación y de las estrategias docentes. Hoy existe la tecnología para que la escuela, la maestra, la profesora, llegue a cada chico. El freno a la revolución tecnológica que puede implicar la educación en pandemia lo pone el mismo capital que defiende con los dientes apretados la guardería de los hijos de obreros.
Defendamos y organicemos la educación virtual. Empadronemos a los estudiantes y docentes para reclamar dispositivos para que puedan trabajar y estudiar. Exijamos la liberación de las redes de internet. Que se repartan las computadoras que están en los colegios y los libros que están en las bibliotecas. Reclamemos por subsidios para todas las familias de desocupados y precarizados, y canastas de alimentos saludables. No dejemos que excluyendo a nuestros estudiantes de la educación virtual por falta de herramientas y conexión, o porque los padres necesitan salir a changuear para sobrevivir, los gobiernos extorsionen a las familias para reclamar una educación presencial que hoy atenta contra la salud pública.