El gobierno nacional estableció por decreto un “corralito” al pase de trabajadores desde las obras sociales  hacia las prepagas, al poner un mínimo de un año de permanencia en la obra social correspondiente a la rama correspondiente. De esta manera, espera reducir la cantidad de trabajadores que abandonan las obras sociales para pasarse a las prepagas, con o sin el pago de adicionales, un reclamo directo de la cúpula de la CGT.

La amplia mayoría de los usuarios de medicina prepaga no son afiliados que pagan una cuota sino trabajadores en blanco que desregulan sus aportes. Dado el costo de la medicina prepaga, esto es más probable entre los trabajadores con mayores ingresos, a quienes les alcanzan sus aportes para cubrir el gasto. Por este mismo procedimiento, las obras sociales se quedan con los trabajadores de menores aportes. Ésta es la razón que el gobierno alega para limitar los pases, dado que desfinancian al sistema de obras sociales.

La desregulación de las obras sociales (es decir, el hecho de que se puedan derivar los aportes de una obra social a otra o, lo que es más usual, a una prepaga) desnaturalizó el sistema de obras sociales, en las que los trabajadores aportamos en proporción a nuestros ingresos pero tenemos todos los mismos derechos. La CGT no miente cuando dice que “se quedan” con los trabajadores de menores ingresos. Por otro lado, sólo las obras sociales aportan al fondo para la atención de discapacidades, pero también las prepagas se benefician de estos fondos. La desregulación, apunta a que el trabajador mejor pago, para cuidar a su familia, apueste a la prepaga, que por unos pocos pesos más le ofrece más prestaciones (lo que no es lo mismo que derechos). Por el contrario, sólo las obras sociales están obligadas a tratar a sus afiliados en enfermedades preexistentes.

Sin embargo, una defensa del sistema solidario de obras sociales, no puede negar el derecho de los trabajadores a elegir la atención que recibe. Máxime cuando cada obra social tiene su propia cartilla de médicos y clínicas.

Los principales perjudicados con la nueva norma son aquellos trabajadores que cambian de trabajo y se ven obligados por lo tanto a cambiar de una prepaga u obra social a la de la nueva rama, interrumpiendo tratamientos y cambiando prestaciones. Lo que a muchos puede resultar un simple incordio, para quienes realizan tratamientos o tienen condiciones que requieren atención permanente puede ser un cese de los mismos y la pérdida de derechos. Recordemos que las prepagas pueden negarse a admitir usuarios con determinadas patologías o considerarlas preexistentes, por lo que si un trabajador pierde la continuidad por tener que adoptar la nueva obra social de su empleo, puede no volver a ser admitido en donde se atiende actualmente. Lejos de considerar este un problema de una minoría, la defensa de su derecho a la atención médica debe ser tomado por el conjunto de los trabajadores.

La medida tomada por el gobierno apunta a “ganar” a la cúpula de la CGT a la campaña electoral oficialista, entregándole los aportes de los nuevos trabajadores, que pierden el derechos a mantener (o elegir) sus prestaciones. La crisis de financiamiento de las obras sociales no puede venir de la mano de la pérdida de derechos de los propios trabajadores. La falta de recursos es consecuencia en primer lugar la reducción de trabajadores en blanco en las últimas tres décadas, y de la reducción de salario real para en la misma etapa, junto con la desregulación que creó un mercado para la medicina prepaga. Debemos resaltar que este “corralito” no anula la posibilidad de desregular aportes luego de un año, por lo que la reforma menemista sigue en pie.

En esta nota desarrollamos hemos desarrollado un análisis del sistema de salud.

Informó Cata Flexer