La ley de alquileres, aprobada por amplia mayoría hace apenas dos años enfrenta a un feroz lobby inmobiliario por su derogación, apoyándose en su peor fracaso: el aumento (muy por encima de la inflación) de los alquileres. La patria inmobiliaria justifica los aumentos en las “terribles” regulaciones de la ley, que sin embargo, los inquilinos apenas pueden disfrutar. Los tres años de contrato no son mucho más que los dos anteriores, luego de los cuales los propietarios aprovechan para aumentar los precios “por las dudas” y las inmobiliarias (cuando dueño e inmobiliaria no son lo mismo). El índice con el que se calcula la indexación, celebrado en su momento porque eliminaba la arbitrariedad de los dueños para dictar aumentos, acompaña la inflación galopante, aunque los propietarios consideren, como se atreve a decir El Cronista (16/08) que “por la inflación, los inquilinos tienen dos meses al año gratis”.
El costo del alquiler de una vivienda en la Ciudad y el Gran Buenos Aires ha crecido muy por encima de la inflación general. Los aumentos van del 75 al 87,5%, de manera que el alquiler de un departamento de un ambiente costaría unos $49.000 pesos por mes, y uno de dos, $60.000, en promedio, sin contar depósito, comisiones y posiblemente seguro de caución, y expensas. En este contexto un alquiler estaría muy por encima del salario ($45540) y la jubilación mínima ($37525). Una familia puede llegar a gastar la mitad de sus ingresos en el alquiler y entre los datos del último censo uno de los más esperados es el gran crecimiento de las casas y departamentos en los que viven más de una familia.
Durante las últimas dos décadas los precios (¡en dólares!) de las viviendas aumentaron al punto de que nunca se necesitaron tantos sueldos (doce años de salarios promedio para comprar un departamento de dos ambientes) para acceder a una vivienda. Las mismas corporaciones inmobiliarias que venden departamentos en dólares construyen en pesos, con trabajadores por debajo de la línea de pobreza y financiándose con la compra adelantada (“en pozo”). Son grandes capitales (no el pequeño propietario que no podría permitírselo) los que sacan del mercado sus inmuebles para mantener los alquileres a precios impagables.
Al alza sistemática de los alquileres se suma el tarifazo sobre los servicios públicos. A la quita de una parte o la totalidad del subsidio para ocho millones de hogares, se suma la quita total para los consorcios, lo que encarecerá, aún más las expensas. El empobrecimiento general de la población ha llevado a que las expensas hoy, a pesar de los que cuesta pagarlas a los vecinos, no puedan cubrir siquiera el mantenimiento de los edificios. Es así que muchos edificios han perdido no simplemente un poco de pintura, sino servicios indispensables como las instalaciones de gas.
En este contexto el acceso a la vivienda, tanto en alquiler como para la compra, se convirtió en una forma masiva de expoliación a la familia trabajadora y en especial a los trabajadores más jóvenes. La construcción de viviendas y la expropiación de viviendas ociosas en el marco de una crisis habitacional evidente (faltan 3,5 millones de viviendas, el 10% de la población de CABA y GBA vive en villas y asentamientos precarios) debe ser un punto fundamental en el programa de acción de cualquier organización de trabajadores, comenzando por los sindicatos. La vivienda propia representa mucho más que el techo, es también la seguridad de no perderlo cuando se pierde el trabajo, y la falta de vivienda propia es por lo tanto, una expresión más de la precarización de la vida obrera contra la que debemos combatir. El salario debe ser igual a la canasta básica y esta debe incluir el derecho a vivienda.
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El planteamiento del problema no puede eludir por otra parte que en la Argentina y el mundo la vivienda se convirtió (especialmente a partir de la década de 1970) en mercancías utilizadas como reserva de valor. El precio de la vivienda, sobre la cual recordemos que en los EE.UU. se montó la enorme burbuja especulativa que estalló con la caída de Lehmann Brothers en 2007 (como hoy hay otra burbuja inmobiliaria montada sobre China), no está determinada por su costo, sino por esta otra función de resguardo de valor. Las viviendas hoy se construyen para vender, no para habitar.
Esta última afirmación, que podría ser una verdad de perogrullo (en el capitalismo todo, o casi todo, se produce, primeramente, para ser vendido, no para ser consumido), tiene su historia. Hasta la década de 1970 (1977) el alquiler tenía un mercado muy reducido, en primer lugar porque no tenía plazo (y el inquilino debía ser indemnizado si era desalojado). En la misma década se modificaron las leyes que regulan el uso del suelo urbano, en especial en el Gran Buenos Aires, de manera que se priorizó la venta para proyectos inmobiliarios privados frente al loteo para vivienda popular. Al mismo tiempo se eliminaron los mecanismos de crédito hipotecario subsidiado que permitían el acceso popular a éstos (hoy en día es necesario tener ingresos mayores al medio millón de pesos mensual para pagar el crédito por un departamento de dos ambientes) y la construcción de viviendas para trabajadores (véase en contraposición las construcciones realizadas durante los gobiernos de Yrigoyen, Alvear o Perón)
En todo el AMBA no existe loteo para construcción de vivienda familiar. El conjunto de la tierra ya fue vendida (o apropiada ilegalmente), como vimos en Guernica. Los terrenos que se venden en el tercer cordón del conurbano hoy están a tres horas de viaje de los centros de actividad económica, ya que la red de transporte público no sólo no se amplió sino que se redujo en los últimos cincuenta años. En la capital y el conurbano tanto los baldíos como las casas se venden por el valor de los departamentos de varios pisos que se permite hoy construir (lo cual sube exponencialmente el valor de esos terrenos).
Cata Flexer