Vacuna contra el Covid: esperanza y negocio

Escribe Cata Flexer

El Covid avanza por el mundo. Hasta el momento, no se han encontrado terapias eficaces contra la enfermedad, aunque algunos avances son prometedores. Una “nueva normalidad” intenta ser impuesta por los estados que impulsan la reapertura de la economía, mientras siguen escalando el número de infectados y muertos. La posibilidad de que en tiempo récord se produzca una vacuna aparece en el horizonte. Para el capital, se trata de normalizar “de una vez por todas” la vuelta al trabajo, así como la posibilidad de grandes negocios. Para la población en general, una cuestión acuciante de salud pública.

La producción de una vacuna no es algo fácil, ni barato, e implica una inversión de largo plazo, en un escenario donde las instituciones de salud e investigación pública han sido desfinanciadas en todo el mundo, mientra que las compañías farmacéuticas producen aquello por lo que pueden obtener una ganancia. La pandemia ha dado lugar, en ese sentido, a una gran oportunidad de negocio para las empresas que encuentren la vacuna, y es así como todos los grandes laboratorios se han largado a una nueva carrera espacial. La analogía no es en vano, porque los estados, ante la emergencia sanitaria, deben competir por el acceso a la posible vacuna, y las potencias apuntan a fortalecer las posibilidades de sus propios laboratorios de convertirse en los proveedores del mundo.

En este artículo buscamos por un lado hacer accesible a quiénes no somos médicos, bioquímicos o biólogos (quién escribe es historiadora) los avances que existen hasta el momento, así como los debates y controversias que estos traen. En este sentido, trataremos de poner en debate el cómo la vacuna puede llegar hasta nosotros.

Un poco de ciencia

Las vacunas, a diferencia de los tratamientos médicos, buscan generar una respuesta inmune sin necesidad de que la persona contraiga la enfermedad, de manera que si entra en contacto con el agente patógeno (virus, bacteria) pueda repelerlo. Es decir que generan artificialmente el efecto de haber tenido la enfermedad, sin correr el riesgo (que puede ser mortal o incapacitante) de tenerla. Las vacunas existen hace más de doscientos años, fueron primero creadas experimentalmente y luego se conoció su mecanismo. La mayor parte de las vacunas que existen hoy para humanos, por no decir todas, son vacunas compuestas por virus inactivados (“muertos”) o atenuados. Sin embargo ante esta nueva enfermedad se está probando una nueva tecnología en vacunas, que ya se utiliza en animales pero cuya eficacia y sobre todo seguridad aún no se comprueba en humanos, de tipo genético. Las vacunas genéticas introducen directamente genes virales en las células humanas por los que son estas las que producen las proteínas virales, como ocurre en las infecciones virales, activando el sistema inmunológico y generando anticuerpos. Las hay de diverso tipo según cómo introducen el material genético al cuerpo.

Actualmente hay más de cien proyectos de vacunas, aunque sólo 8 se encuentran en la última etapa de experimentación (fase 3). De éstas, sólo dos responden a la tecnología tradicional ya probada, procedentes de dos laboratorios chinos (Sinovac y Sinofarm). Todas las demás son proyectos de vacunas de ADN, ARN o de vector viral.

¿Por qué si ya existe una tecnología probada para la fabricación de vacunas son las vacunas de nueva generación las que atraen la atención? Las razones son varias, algunas científicas, las más, económicas. Las vacunas genéticas serían, una vez comprobada su eficacia y seguridad más fáciles y rápidas de producir. En el caso de las vacunas de vector viral (uno de los subtipos de vacunas genéticas) además harían posible, una vez comprobado que funcionan, utilizar la misma “plataforma” (virus vector) para producir vacunas para otras enfermedades. 

Esta tecnología existe desde hace unos veinte años y se utiliza masivamente en la fabricación de vacunas veterinarias, pero hasta el momento existe una sóla vacuna para humanos que aún se considera experimental, es de tipo “vector viral” y contra el Ébola. A este subtipo pertenecen la vacuna de Oxford-AstraZeneca, la vacuna rusa Sputnik V, una de las vacunas chinas (CanSinoBio) y la vacuna cubana Soberanía 01. Nótese que en todos los casos se trata de investigaciones realizadas por laboratorios estatales o de las Universidades. Sucede que, cómo dijimos más arriba, la producción de una vacuna puede llevar décadas de investigación, cosa que pocas empresas están dispuestas a hacer sin tener asegurada la eficacia y sobre todo el mercado. En todos los casos, se trata de laboratorios que ya tenían avanzados los estudios sobre posibles virus que funcionaran de vectores para llevar el material genético del covid a las células humanas. Estos virus, inocuos para los humanos, son los que se conoce como “plataforma” y de comprobarse su eficacia servirían para crear fácilmente vacunas para otras enfermedades. En el caso del laboratorio de Oxford, los científicos pudieron retomar una investigación iniciada para crear la vacuna del Ébola, durante la epidemia africana de 2014-2016.

El negocio de las farmaceúticas

La epidemia, ha hecho lo que no hizo el interés por la salud pública: crear un mercado suficientemente grande para que la inversión en investigación para una vacuna sea rentable. Ya que estamos, los laboratorios privados han aprovechado para probar lo que ahora eran solamente teorías. Esto ha sido fomentado por los Estados por dos motivos. El primero, los subsidios multimillonarios para acelerar la investigación, sumado a acuerdos de compra anticipada. Segundo, por la emergencia, se han eliminado muchos de los pasos previos necesarios para la aprobación de una vacuna en términos de investigación.

Una vacuna es necesario que genere inmunidad, pero esto no es suficiente. Para que sea aprobada debe mostrar que es segura y que no genera efectos adversos en el corto, mediano y largo plazo, por eso llevan años de investigación. Las vacunas genéticas, en particular, por introducir en el cuerpo material genético del virus y no haber antecedentes de vacunas con la misma tecnología, no se sabe, entre otras cosas, si pueden afectar la genética humana recombinándose con nuestro propio ADN. Por lo que estos laboratorios están aprovechando el salto de pasos aprobado por los estados ante la emergencia para convertir al mundo en un gran laboratorio. Las farmacéuticas saben esto y han introducido cláusulas en sus acuerdos con los estados para evitar futuras demandas.

El gobierno de los Estados Unidos ha puesto u$s10.000 millones en lo que se conoce como el proyecto Warp Speed (velocidad de la luz) para financiar la investigación de una vacuna por diversas farmaceúticas. Entre ellas las vacunas de ARNm de Moderna y Pfizer-BioNTech. Trump no es el único. A estos subsidios se suman las compras anticipadas de vacunas que aún se encuentran en estado experimental por parte de diversos estados. Es decir que las farmacéuticas invierten no sus propios fondos sino los fondos estatales para crear una vacuna que ya tienen vendida: inversión cero, riesgo cero, ganancia absoluta. A su vez, mientras algunos laboratorios ya han dicho que venderán la vacuna a costo de producción (sin que nadie sepa cuáles son realmente) Pfizer y Moderna, entre otros, ya han anunciado que cobrarán a precio de mercado, unos 50 dólares la dosis, esto a pesar de los ingentes subsidios que recibieron para su producción.

Los laboratorios, además, tercerizan buena parte de su trabajo. Por un lado, como vemos con el caso de Oxford-AstraZeneca, utilizan los laboratorios estatales para realizar la investigación básica, es decir, la investigación de largo alcance que luego hace posible la invención de nuevas tecnologías. Cómo bien conocemos en nuestro país, la industria orienta la investigación científica en las universidades y laboratorios públicos a través de subsidios que estos necesitan desesperadamente por la falta de financiamiento estatal, y a su vez se quedan las patentes de sus descubrimientos. Por otro lado, las farmacéuticas acuden a los laboratorios estatales para llevar adelante sus ensayos clínicos. En la Argentina, se desarrollarán los ensayos de la vacuna de Oxford y de Pfizer. 

El gobierno nacional, en el caso de Argentina, acaba de firmar convenios (cuya naturaleza exacta se desconoce) con AstraZeneca para probar y producir en el país la vacuna de Oxford para toda Latinoamérica, con la excepción de Brasil que logró su propio acuerdo con la multinacional. En ambos casos AstraZeneca transferirá la tecnología para poder producir la vacuna, pero mientras el fascista Bolsonaro acordó que la producción se haga en laboratorios estatales, el nacional y popular Fernández entregó la producción al grupo Sigman, un exponente de la burguesía criolla, a su vez aliado al magnate mexicano Slim. Sigman es todo un emprendedor: con créditos del bicentenario construyó laboratorios que a su vez produjeron vacunas que ya tenía vendidas por adelantado, por diez años, al Estado nacional. De estas vacunas se ha hecho público que cada año se descartan casi dos millones de vacunas que se pagan pero no se usan. El negocio de los laboratorios privadas con el Estado es más que redondo. 

Un debate público

El acuerdo con AstraZeneca y Sigman para la producción de vacunas nos lleva una última reflexión. Cómo bien sabemos, para que una investigación tenga carácter científico, entre otras cosas, debe poder mostrar y contrastar sus resultados. El carácter privado (privatizado) de la investigación científica no puede más que enlentecer su avance. ¿Por qué la vacuna no se produce en laboratorios estatales (una vez comprada la tecnología, esto sería muy simple)? ¿Por qué se apuesta por esta vacuna y no por otra? Las necesidades de la salud pública ponen a la orden del día la discusión por las patentes privadas de los medicamentos, así como la necesidad de que sea el conjunto del sistema científico y médico nacional el que pueda sentar posición sobre la orientación de la investigación, así como la fiscalización de la experimentación en nuevas terapias y vacunas. Cuando se han demostrado las corruptelas y negocios resulta imperante la fiscalización pública del proceso del que dependerá la vida de cientos de millones de vidas en el futuro inmediato.

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