A contracara de lo que ocurre en otros niveles educativos, la posibilidad de mantener la cursada virtual se ha convertido en un sentido reclamo de muchos estudiantes. El pasaje forzoso a la virtualidad con la pandemia, mostró, a los ponchazos, que los avances técnicos en las telecomunicaciones hacían posible la continuidad de los estudios de nivel superior de ramas enteras del conocimiento o al menos de materias de carácter teórico. Todo esto, sin embargo, se hizo cargando la tarea sobre la espalda de docentes, que pagaron la totalidad de los costos técnicos (desde la conexión a internet hasta las computadoras, micrófonos y cámaras adecuados) y psicológicos (la invasión de sus hogares por el trabajo, el esfuerzo en la transformación de la planificación de las clases para la nueva modalidad). La pandemia (y la virtualidad) también excluyeron a muchos estudiantes, que no cuentan con conexión a internet, dispositivos, etc.
Como señalamos desde 1917, la gestión Perczyk en el Ministerio de Educación viene a acelerar la vuelta a la presencialidad de la educación universitaria. Las propias camarillas que gobiernan las universidades han descubierto, sin embargo, que la virtualidad ha incrementado la matrícula. Así, mientras en algunas universidades fuerzan a los estudiantes a volver en el medio del cuatrimestre, a sabiendas de que muchos no son residentes permanentes sino que viajan para estudiar (el CBC de la UBA, con cursada virtual, acaba de anunciar finales presenciales, siendo la mayor universidad del país, con decenas de miles de estudiantes del interior), otras anuncian que a partir de 2022 las aulas híbridas se convertirán en la norma.
La educación universitaria virtual no es sólo una reivindicación de muchos estudiantes (porque trabajan, porque viven lejos, porque no hay universidades o determinadas carreras en sus localidades, en cualquier caso, el propio viaje hasta las facultades puede ser un impedimento tanto como cualquier otro), es también, un gran negocio para las universidades, tanto públicas como privadas. En las universidades públicas, gratuitas, los posgrados pagos son el gran negocio de las camarillas profesorales, y cuántos más estudiantes tengan, mayores ingresos; de continuar la virtualidad pueden concentrar estudiantes no sólo del interior del país, sino del exterior. Lo mismo vale, claro está, para las universidades privadas en todos los niveles. No llama la atención, en ese sentido, que en la misma entrevista en la que el nuevo secretario de políticas universitarias,Oscar Alpa, anuncia la bimodalidad en la universidad, defienda también que «tenemos que reducir la cantidad de años de cursada de las carreras», es decir, el paso de contenidos de grado (gratuito) al posgrado (pago) creando el mercado de los mentados posgrados.
Los medios para que la juventud pueda acceder a la universidad, deben ser discutidos democráticamente por estudiantes y trabajadores, pero deben partir de la base de respetar el convenio colectivo de trabajo o bien defender los derechos laborales básicos para las nuevas modalidades. Por caso, no se puede pretender que los mismos docentes que se hacen cargo de los cursos presenciales lo hagan de las clases virtuales, o que hagan ambas tareas por el mismo salario. Las aulas híbridas, para quienes también trabajamos en la educación media, no son algo nuevo: en CABA los docentes trabajamos dando clase a distintas burbujas en simultáneo, improvisando videoconferencias de google con nuestras computadoras (personales o de la escuela) y una precaria conexión a internet. Estudiantes y docentes debemos discutir entonces, cómo defender el trabajo y el estudio en estas nuevas condiciones.
Cata Flexer